Agentes pertenecientes a un sector de la Policía Local se negaron a entrar en el dispositivo previsto para el domingo, tratando de boicotear la celebración del Carnaval en lo que el Equipo de Gobierno Local considera una medida de presión por parte de este grupo para alcanzar beneficios laborales.
El pasado domingo día 11 de febrero se realizó el desfile de Carnaval con el dispositivo de seguridad previsto inicialmente para este evento, quedando garantizado su normal desarrollo gracias a 9 agentes de la Policía Local, además de varios efectivos de Guardia Civil y Protección Civil.
Este evento se vio seriamente comprometido debido a las bajas masivas por parte de algunos agentes de la Policía Local, ya que ninguno de los agentes del cuadrante de ese día estaba disponible debido a bajas médicas y horas sindicales y a que tampoco entró ninguno a cubrir este servicio por horas extraordinarias.
Debido a ello, y ante la seria posibilidad de tener que suspender el evento por esta situación imprevisible, inesperada y cuya no solución podría tener una afección en la seguridad ciudadana, debido a su magnitud, la alcaldesa tomó la decisión de emitir un decreto ordenando servicios obligatorios a los agentes necesarios para el normal desarrollo del desfile, atendiendo a los criterios de graduación y antigüedad.
Gracias a esta medida se pudo desarrollar el evento con normalidad, contando el mismo con 9 agentes de la Policía Local, además de 4 Guardias Civiles y un dispositivo de técnicos y voluntarios de Protección Civil.
La alcaldesa ha explicado que esta situación se produce justo después de una mesa de negociación, la cuarta realizada en esta legislatura, para abordar las condiciones laborales de la Policía Local.
En esta última mesa, el Equipo de Gobierno propuso a los sindicatos, tras escuchar las demandas de los mismos, cuatro medidas dirigidas a la solución del conflicto y en principio fueron bien recibidas por estos, emplazandose ambas partes a concretarlas próximamente.
Las medidas propuestas fueron la creación de una bolsa de 6.000 horas extraordinarias para cubrir servicios mínimos, ausencias no previstas y eventos, con el fin de que en todo momento el servicio prestado por la Policía Local sea el adecuado, abierta a todos los miembros de la plantilla, quedando definido el precio de las horas entre 40 y 55 euros dependiendo de la graduación del agente.
La segunda medida fue la implementación de un complemento de productividad por doblaje de turnos destinado a retribuir el especial rendimiento, que tendría un importe por mes y agente de 390 euros con un máximo de 4.680 euros al año por este concepto, que se sumarían al salario habitual y a las horas extra.
La tercera medida fue la regulación de las vacaciones, días de asuntos propios y días de libre compensación; para así evitar las situaciones en las que las bajas masivas comprometían los servicios mínimos y, por lo tanto, la seguridad delmunicipio. En caso de que los agentes tomen estas vacaciones fuera del periodo de verano, estas tendrían una compensación del 200%.
La cuarta medida fue la regulación de los turnos de trabajo, fijándose todos ellos en 8 horas excepto el de mañanas, que seguiría siendo de treinta minutos más para así cubrir la salida de los colegios, computándose esta ampliación al 200%.
Con las mejoras propuestas, un policía local en San Pedro del Pinatar cobraría alrededor de 2.200 euros al mes, más 390 euros en caso de contar con el complemento de productividad, a lo que hay que sumar las horas extraordinarias, quedando cada servicio de 8 horas fijado en alrededor de 400 euros. De esta manera, percibiría alrededor de 3.000 euros al mes.
La alcaldesa ha recordado que desde el inicio del conflicto laboral que la Policía mantiene con el Ayuntamiento, desde el Equipo de Gobierno se ha tendido la mano a una solución pactada y negociada con la Policía, atendiendo a los cauces legales y a los límites presupuestarios, ampliando progresivamente las partidas destinadas a seguridad, que en el año 2024 alcanzarán los 5,3 millones de euros, aumentando los medios materiales y los recursos destinados al personal, además de la ampliación de la plantilla.
Además, ha recordado que el inicio de este conflicto se produce por una reclamación por parte de los agentes de horas extraordinarias del año 2021 que excedían el límite presupuestario. Este argumento fue rechazado por la Justicia, ya que al no haber completado sus horas ordinarias, no cabía reclamar horas extraordinarias.
Del mismo modo que en el año 2022 se acumulaban 17.608 horas de baja en el cuerpo policial, en el año 2023 fueron casi 12.000, acumulándose más de 60 procesos de baja médica en una plantilla media de 44 empleados, un porcentaje que dobla la media de los empleados municipales.
Estas bajas masivas han comprometido seriamente la seguridad del municipio, en lo que desde el Equipo de Gobierno consideran un intento de boicot a la seguridad ciudadana y a todos los vecinos de San Pedro del Pinatar para conseguir mejoras salariales.
Esta situación se suma a la campaña de desprestigio y ataques personales llevada a cabo por distintos medios contra miembros del Equipo de Gobierno y especialmente contra la alcaldesa.
Desde el Equipo de Gobierno se considera que sectores radicales de la Policía han tratado de sabotear el Carnaval pinatarense en un momento de negociaciones como medio para conseguir mejores condiciones laborales, una práctica que vienen desarrollando desde el inicio del conflicto poniendo en riesgo la seguridad ciudadana con bajas masivas y campañas de desprestigio contra el personal municipal.
A pesar de ello, el Equipo de Gobierno mantiene su plena disposición a continuar negociando para una resolución total del conflicto, por el bien de todos los vecinos, pero creen necesario emitir este comunicado ya que en ningún caso se puede permitir el chantaje de los sectores más radicales, y menos aún cuando esto perjudica a todos los pìnatarenses.
